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¿Por qué defiende a ese criminal?

8.11.2016 Categoría: actualidad Comentarios
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Texto del artículo publicado en Diario de Sevilla el pasado 2-11-2016

Cuando se comete un crimen abominable y atroz surge una lógica reacción de indignación social. En la mayoría de las ocasiones el guion es semejante: primero se da cuenta de la noticia del hecho luctuoso, a continuación aparece el sospechoso, quien es presentado con todo lujo de detalles a la opinión pública y,  finalmente, lo hace el abogado defensor al realizar las primeras declaraciones en defensa de su cliente. Llegados a este punto, la actitud de parte de la sociedad hacía el rol de ese abogado suele ser de incomprensión mezclada con cierta desaprobación, la cual podríamos reconducir a la pregunta que encabeza este artículo: ¿Por qué defiende a ese criminal?

Los abogados sabemos por experiencia que esta es una de las cuestiones que más dudas y desavenencias han generado sobre la figura del abogado y el rol que cumplimos en nuestra sociedad, creándose en ocasiones una verdadera frontera de incomprensión entre ésta y el conjunto de la abogacía.  Por ello, a través de esta tribuna y en mi condición de abogado, desearía aportar algunas ideas para la reflexión y mejor comprensión de nuestro rol profesional en las labores de defensa en los procesos judiciales, y muy especialmente en los penales.

El abogado en nuestra sociedad desempeña la función de garantizar que se respete el Estado de Derecho y los intereses de aquellos a los que defiende, constituyéndose así en un garante de la libertad a través del ejercicio del derecho de defensa, lo que le otorga a nuestra profesión una dimensión pública y social como participes y cooperadores con la Administración de Justicia, dimensión ésta que viene reconocida constitucionalmente (artículos 24.2 y 17.3 de la Constitución).  En este contexto, el abogado encuentra su marco de actuación en un ordenamiento jurídico que establece las reglas que definen su rol cuando actúa en todo procedimiento judicial.  Igualmente, es el propio ordenamiento jurídico el que instituye un haz de derechos y obligaciones que corresponden a todo ciudadano que se vea envuelto en un proceso criminal. Y descendiendo aún más, si la Constitución, como vértice de nuestro ordenamiento jurídico, declara que toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario, y  que tiene el derecho a defenderse a través de un abogado, podemos concluir que éste, en el ejercicio del derecho a la defensa, actuará empleando  todas sus capacidades y habilidades profesionales al servicio de su defendido, disponiendo para ello de las garantías que establece el propio sistema judicial, entre las que sobresale la presunción de inocencia.

Establecido el marco de actuación, y para responder a la cuestión que venimos tratando, lo primero que hemos de destacar es que el abogado no va a defender a un criminal, sino a una persona cuya libertad se presume por el propio ordenamiento jurídico. Sobre esta premisa, el abogado tiene absoluta libertad para aceptar el encargo profesional y, lógicamente, para rechazarlo, si bien a la hora de tomar una decisión de esta trascendencia tendrá que analizar el asunto desde un punto de vista ético y moral, siguiendo lo que le diga el dictamen de su propia y recta conciencia. Por lo tanto, nos encontramos ante una decisión interna, vinculada al propio profesional y fruto de un análisis de los fundamentos y condicionantes que fraguan su personalidad, decisión que, al provenir de la conciencia de cada uno, pertenece a su intimidad y entiendo no debe ser sometida a juicio externo. Naturalmente, en dicha decisión influye poderosamente el gen profesional del abogado, íntimamente vinculado a su papel de máximo exponente del derecho de defensa y sabedor del derecho que corresponde a todo ciudadano a un juicio justo y a su  inocencia mientras no se demuestre lo contrario. Aquí me gustaría traer el dicho que afirma que “no tiene sentido decir que los abogados se encargan de defender causas malas, porque no hay causa buena o mala hasta que el juez no lo decide”.

Caso de ser aceptado el encargo, el abogado, dentro del marco de legalidad y en cumplimiento de su rol profesional, tendrá que hacer todo lo posible para defender la posición jurídica de su cliente luchando por su absolución o, en su caso, invocando aquellas circunstancias que pudieran paliar o minimizar una posible condena penal (“el abogado es la espada del inocente y el escudo del culpable”, reza el dicho). Y será en el ejercicio del derecho de defensa, cuando no pueda reprocharse al abogado silenciar las confidencias de su cliente, negar los hechos que configuran la presunta culpabilidad del mismo, o aconsejar a su cliente no facilitar información alguna al Tribunal, pues esta actuación constituye la simple puesta en práctica de los derechos que la sociedad, en su conjunto,  ha otorgado a cualquier ciudadano acusado de un crimen, configurando así el propio derecho de defensa.

Por todo ello, los abogados, a la hora de abordar la defensa de un ciudadano que nuestro ordenamiento, insisto, presume que no es un criminal, ya ha superado el difícil  juicio de su conciencia, y a partir de ese momento, su actuación será la de cooperar con la Administración de Justicia a través del ejercicio de la defensa, amparando a su patrocinado con el haz de derechos y garantías que la propia sociedad ha establecido.

Concluyo citando un dicho y formulando una pregunta al lector. El dicho reza así: “más vale absolver a un culpable que condenar a un inocente”; y la pregunta: si su padre, su hermano o su hijo fueran acusados de un crimen execrable, ¿vacilaría en encargarle la defensa del caso a un abogado? ¿Le aconsejaría rechazar su defensa a través de un abogado? ¿Pediría a su abogado que no hiciera uso de los derechos y garantías que el ordenamiento jurídico le concede…?

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¿Mis recelos con el cliente?… Hace años que han quedado colgados en la sala de togas.

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Hoy os traigo un párrafo del libro de John Mortimer, The Anti-social Behaviour of Horace Rumpole, en el que el barrister[1] (Horace Rumpole), responde a diversas preguntas de un juez durante una entrevista realizada en un proceso de nombramiento como Queen´s Counsel[2].

Lo llamativo de este párrafo reside en que el contenido del interrogatorio contiene las preguntas y respuestas a los grandes tópicos sobre la intervención y moral del abogado cuando defiende a personas que son consideradas socialmente de dudosa reputación, siendo las respuestas brillantes y llenas de sentido, razón ésta por las que me he permitido traducirlas y transcribirlas en el post.

Las reflexiones tenéis que hacerlas vosotros; los temas (defender a “inocentes o culpables”, no juzgar al cliente, el deber de defensa del abogado, la conciencia del abogado al defender, el papel del abogado en el sistema judicial, etc.) quedan sobre la mesa, como un suculento aperitivo…

Sin más preámbulos aquí tenéis el texto:

-          “Recientemente Vd. ha llevado la defensa de Mr Dennis Timson. ¿Lo conoce bien?

 -          Con el paso de los años, bastante bien.

 -          ¿Podría ser descrito como un delincuente habitual?

 -          De la misma forma en la que yo podría ser descrito como un defensor habitual.

 -          Él dijo que Vd. es un excelente abogado.

 -          Eso fue muy amable por su parte.

 -          Y no le importaba si era inocente o culpable, Vd., de cualquier forma, haría un buen trabajo, ¿no es cierto?

 -          Desde luego.

 -          Entonces, ¿Vd. defiende a personas que  sabe que son culpables?

 -          Lo desconozco. No es asunto mío. Eso es misión del juez y del jurado. Pero si Mr. Timson, o cualquier otro, me cuenta un relato consistente con su inocencia, es mi deber defenderle.

 -          ¿Incluso si Vd. no lo cree (el relato)?

 -          Yo suspendo mi incredulidad. Mi recelo ha quedado colgado en la sala de togas desde hace años. Mi trabajo es defender el caso de mi cliente de la mejor forma posible. El Fiscal hace lo mismo y entonces el jurado escoge a quien de los dos creer. Esto es nuestro sistema judicial. Y parece funcionar de forma más justa que cualquier otra forma de juicio criminal, si quiere mi opinión.

 -          ¿Parece que Vd. ha defendido a gente bastante horrible?

 -          Cuanto más horribles sean, en mayor medida necesitan ser defendidos.

 -          ¿Entonces la moral no cuenta para Vd.?

 -         Sí que lo hace. La moralidad de hacer que nuestro gran sistema judicial funcione: la moral de proteger la presunción de inocencia.

 -          ¿Entonces, Vd. nunca juzga a sus clientes?

 -          Desde luego que no. Ya le dije que juzgar no es mi trabajo. Soy como un médico (la gente viene a mí con problemas y yo estoy aquí para solventarlos de la forma menos dolorosa posible. Y sería un médico muy peculiar si solamente curara a gente sana.

 Seguro que lo has disfrutado. Ahora, aun siendo su procedencia de un sistema judicial diferente al nuestro (el anglosajón, aun con muchas zonas comunes), te toca reflexionar y, en la medida de lo posible, extraer conclusiones del texto que te ayuden a posicionarte en esta materia tan fácil, y, a la vez, tan compleja.

(puedes completar el tema leyendo el post publicado en este blog ¿Por qué defiende a ese criminal? http://oscarleon.es/?s=criminal

 

 

 

 

[1] Barrister es una de las dos categorías de abogados de nivel superior que existen en Inglaterra, Escocia y otros países de la tradición del Common Law. Su función principal, pero no exclusiva, es representar como mandatario a los litigantes ante los tribunales. En este sentido, el trabajo del barrister corresponde en los países que se rigen por el sistema continental, a demandar o alegar ante los tribunales de justicia. Sin perjuicio de lo anterior, esta profesión puede tratarse desde la especialización en temas determinados, así como la prestación de consejos en ciertas áreas con sus clientes (Wikipedia)

[2] Los Barristers pueden alcanzar, por nombramiento real, la categoría de Queen´s Counsel, cargo honorífico que le otorga ciertos privilegios en el desarrollo de su función.

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¿Qué podemos hacer los abogados con los clientes problemáticos?

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Todos los abogados, hemos tenido, o incluso tenemos, clientes problemáticos, situación de la que raramente se escapa el abogado a lo largo de su práctica profesional, y que se caracteriza por constituir un verdadero lastre para el adecuado desarrollo de una relación que se cimenta sobre la confianza.

Cliente problemático es aquel que no entiende los límites existentes en la relación profesional. Dentro de esta categoría, podemos distinguir dos subcategorías, aquellos a los que no se les ha expuesto por el abogado dichos límites y a los que son conflictivos a pesar de habérseles descrito con claridad los mismos, y, en ocasiones, de forma repetida.

Entre las conductas más paradigmáticas de cliente problemático encontramos las siguientes:

El cliente con expectativas erróneas: En esta categoría de clientes incluimos a aquellos que mantienen unas expectativas del servicio que van a recibir muy superiores a las que realmente puede ofrecer el abogado. Estas expectativas pueden afectar al servicio (tiempos de atención y respuesta al cliente; abogado que lo va atender, necesidad de información permanente), al tiempo de prestación del servicio (¡esto es para ayer!), a los costes del servicio (¡yo pensaba que esto estaba incluido en la minuta!, o al resultado del servicio (¡se ha perdido el asunto y por tanto aquí hay una responsabilidad!).

El cliente irrespetuoso: Se caracteriza por no tener un comportamiento educado con su abogado. Aun conociendo las reglas de funcionamiento del despacho y el proceso de prestación del servicio, es muy exigente, tiene malas formas y no suele apreciar el trabajo del abogado. No respeta nuestro tiempo pero tampoco quiere pagar por él. Para él, si el asunto se gana, es su mérito, si se pierde, es demérito del abogado. Siempre será crítico con el trabajo del abogado y cualquier contacto entre ambos será siempre desagradable para el éste.

El cliente vindicativo: Son clientes que se caracterizan por contratar los servicios de un abogado con el fin de hacer daño a otra persona o entidad, bien al pretender canalizar su agresividad a través de acciones judiciales sin sentido, o por el mero hecho de hacer desgraciada a otra persona con el fin de saldar una deuda. En ambos casos, el cliente nunca busca un fin positivo o justo, sino que utiliza al abogado como un arma contra los demás, arma que, probablemente, con el paso del tiempo podrá volverse contra el propio profesional. Generalmente, trata de imponer su criterio al abogado, aunque sea un verdadero despropósito.

El insatisfecho: Este cliente nunca estará contento con la prestación del servicio, de manera que aunque el abogado realice un trabajo de calidad más económico o más rápido (que supere las expectativas iniciales), éste siempre buscará algún motivo para quejarse, lo que produce una importante frustración en el abogado, que nunca verá apreciados sus servicios y esfuerzos por contentarlo. Aquí podemos incluir al cliente que no está dispuesto a pagar lo que vale el trabajo y no se cansará de buscar una rebaja o, de no conseguirlo, tener afilada la espada para exigir todo lo que pueda al profesional por el sobreesfuerzo económico realizado.

El oscuro: Este cliente es sumamente peligroso, ya que tiene una tendencia no solo a no contar todos los hechos al abogado (omitiendo normalmente los esenciales) sino que además no le importa mentir para que el abogado actúe siguiendo el patrón mental que él ya tiene establecido para su temeraria defensa. Con independencia del descrédito que supone para el abogado quedar al descubierto cuando la otra parte o el Juzgado exponen la realidad y la dificultad que entraña la defensa de estos asuntos, el peligro de este cliente es que con su conducta puede involucrar al abogado en alguna infracción deontológica o incluso criminal, que, por cierto, poco le importará al cliente.

Y los innombrados: Muchas otras modalidades que por cuestiones de espacio no puedo incluir.

Una vez descritas las conductas, hemos de preguntarnos ¿cómo podemos evitar que durante la relación surjan estas conductas?

La respuesta no es otra que la prevención, y con ello nos referimos a una labor de información que deberá realizar el abogado en las primeras fases de la relación profesional a fin de evitar que el cliente vea normal actuar de forma incorrecta. Para ello, habremos de desarrollar una labor pedagógica en la que destacan las siguientes medidas:

1ª.- Explicarle en qué consiste nuestra actividad profesional.

2º.- Crear unas expectativas reales. Para ello le preguntaremos que espera de nosotros y le expondremos lo que puede lograrse y las limitaciones que nos encontraremos para ello.

3º.- Describirle las reglas de funcionamiento de la relación profesional y de nuestro despacho (horarios, accesibilidad, cita previa, llamadas, uso del wasap, etc.).

4º.- Mantener la independencia ante el cliente.

5º.- Documentar constantemente las interacciones con el cliente, desde la hoja de encargo (imprescindible en estos casos), hasta las llamadas, mensajes de voz, etc. y confirmar sus instrucciones por escrito o enviarle resúmenes de las actuaciones que realicemos o, ante una decisión suya, pedirle por escrito instrucciones. En estos casos, no podemos obviar la práctica de dejar recibo firmado de toda la documentación recibida o entregada. En definitiva, a mayor información escrita, menos riesgos de controversias y malentendidos.

Cuestión distinta es que al comenzar la relación el abogado prescinda del uso de estas medidas y a lo largo de la relación surjan estas conductas. En tales casos (en los que la responsabilidad de esta situación corresponde en gran medida al propio abogado), toca encauzar la relación y realizar sobre la marcha un proceso de reciclaje siguiendo las pautas anteriores, lo que obviamente va a ser más difícil pues estamos en un escenario ya de por si viciado.

Si la relación finalmente deriva hacía una situación insostenible, y con ello nos referimos a que a pesar de nuestros esfuerzos sigue generándose malestar, temor, incomodidad, preocupación constante, es momento de tomar la decisión final que no es otra que cesar la relación profesional. Para ello, actuaremos amparados por lo dispuesto en el artículo 13. 3 del Código Deontológico de la Abogacía Española que establece que el abogado tendrá plena libertad para aceptar o rechazar el asunto en que se solicite su intervención, sin necesidad de justificar su decisión (igualmente, el abogado podrá abstenerse o cesar en la intervención cuando surjan discrepancias con el cliente. Deberá hacerlo siempre que concurran circunstancias que puedan afectar a su plena libertad e independencia en la defensa o a la obligación de secreto profesional).

Por lo tanto, la prevención, las medidas de reciclaje o cese de la relación son las herramientas de las que dispone el abogado para imponer la indispensable cordura que toda relación profesional abogado-cliente merece y necesita.

Podéis profundizar en esta materia en los siguientes posts: http://oscarleon.es/abogados-y-clientes-problematicos-i/ y http://oscarleon.es/?s=abogados+y+clientes+problematicos+II

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La deslealtad del abogado: Un delito peligrosamente olvidado.

7.07.2014 Categoría: Mi Práctica diaria Comentarios
Óscar León: Presentación de Mi Blog

No es infrecuente que en las conferencias y seminarios que imparto a otros compañeros salga a relucir el tema del incumplimiento de nuestras obligaciones deontológicas y sus consecuencias. En este contexto, llama la atención el hecho de que muchos de ellos, especialmente los más jóvenes, desconozcan o no recuerden la existencia de un precepto del Código Penal por el que se sancionan criminalmente algunas de estas conductas que, erróneamente, solo consideramos perseguibles por vía deontológica o a través de la vía judicial civil como puede ser, a modo de ejemplo, la prescripción de acciones o caducidad de recursos debido a nuestra inactividad profesional.

Sin embargo, dicho precepto existe, y hoy nos vamos a ocupar a realizar un breve recorrido por el mismo con el fin de facilitar su conocimiento y con ello contribuir si cabe al reforzamiento de las prevenciones que todo abogado debe realizar en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones deontológicas.

El Título XX del vigente Código Penal, titulado De los Delitos contra la Administración de Justicia, alberga en su Capítulo VII (De la obstrucción a la Justicia y la deslealtad profesional) el artículo 467, en cuyo párrafo segundo vamos a detenernos:

Artículo 467
2. El abogado o procurador que, por acción u omisión, perjudique de forma manifiesta los intereses que le fueren encomendados será castigado con las penas de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo, cargo público, profesión u oficio de uno a cuatro años.

Si los hechos fueran realizados por imprudencia grave, se impondrán las penas de multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para su profesión de seis meses a dos años.

Siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo, este tipo penal se vertebra en cuatro requisitos:

1º.- Que el sujeto activo sea procurador o abogado, es decir, se está ante un delito de sujeto especial o de propia mano.

2º.- Que en concepto de tal, despliegue una acción u omisión de la que se debe derivar un resultado ya que se está ante un delito de resultado.

3º.- Que exista un perjuicio de forma manifiesta, perjuicio que no tiene que ser necesariamente económico —SSTS 89/2000 y 87/2000 —derivado de esa mala praxis culpable asimismo, lo que aparta del delito aquellas gestiones que formalmente correctas no hayan sentido el efecto querido, lo que ocurre diariamente porque todo juicio es un decir y un contradecir, y en toda sentencia se rechazan unas posiciones defendidas por letrado en relación a una de las partes, ya sea demandante o demandado, querellante o querellado, etc.

4º.- Desde el plano de la culpabilidad es suficiente un dolo eventual, es decir el conocimiento y consentimiento —incluso vía principio de indiferencia —, de la lesión que se va a producir a los intereses que se defienden, siendo suficiente el dolo eventual, y, por supuesto la negligencia o culpa para la que el último párrafo del art. 467 prevé una respuesta menor si media una grave negligencia.

A la vista de dichos elementos, hemos de realizar diversas precisiones:

En primer lugar, señalar que en cuanto al sujeto activo, es decir, al abogado, se requiere que el perjuicio derive de la intervención del mismo en el marco de la relación abogado-cliente, es decir, de la relación profesional, quedando excluidas aquellas conductas no propias de dicha relación o que sean concomitantes a las mismas. A esa deducción se llega desde la consideración del bien jurídico protegido, el devenir histórico del precepto y su encuadramiento sistemático. Es indispensable no solo que el sujeto activo sea abogado, sino además que el comportamiento lo sea.

La razón de la incorporación del precepto en la ley penal es la incriminación de aquellas conductas más intolerables, desde el plano del ejercicio de las profesiones jurídicas indicadas, ya que, si así no fuera, por el carácter subsidiario y de intervención mínima del Derecho penal, los comportamientos ilícitos en el desempeño de tales profesiones integrarán bien una conculcación de las normas colegiales de actuación profesional, bien la exigencia de responsabilidad civil por su desempeño con culpa, apreciada por la jurisdicción de dicho orden, en donde se repararán los perjuicios ocasionados, en su caso.

El precedente legislativo del actual delito de deslealtad profesional referido a procurador o abogado, está constituido por el art. 360 del Código Penal de 1973 que incluía en la definición del tipo la nota de “con abuso malicioso de su oficio”. Tal nota no existe en el actual tipo, y esta omisión es relevante, porque como ha puesto de relieve la jurisprudencia del Supremo, en el texto vigente, es claro que se está ante una conducta culpable, pero el elemento de la culpabilidad queda cubierto con el simple dolo eventual, sin que se requiera un dolo directo y reduplicado que en el art. 360 Código Penal estaba presente en la exigencia de concurrencia de “abuso malicioso”.

En cuanto al perjuicio, la STS 89/2000, de 1 de enero , señala: “… la dicción legal del tipo no parece exigir necesariamente que el perjuicio haya de ser evaluable económicamente, pues basta que se trate de una desventaja, quebranto, daño o detrimento notorio de los intereses del cliente en el ámbito de la Administración de Justicia e, incluso, sería admisible a los efectos de interpretar los términos del precepto, la creación de un peligro concreto para los intereses de la parte de la que el Letrado asiste y defiende…”

Finalmente, y en cuanto a las conductas punibles, existe una intensa controversia entre doctrina y jurisprudencia, ya que al socaire de este precepto se han dado entrada en el mismo a conductas constitutivas de incumplimientos contractuales y deontológicos ajenos al ámbito meramente procesal:

- la falsificación de una sentencia para decirle al cliente que el asunto se había ganado y cobrarle la minuta;

- la utilización de la información sobre el estado registral de un cliente para acudir a la subasta y quedarse con el mismo a bajo precio, después de haber desanimado a aquél reclamándole una alta provisión de fondos para encargarse del caso;

- la formulación de una demanda de retracto en nombre del arrendatario después de haber redactado un contrato de compraventa aconsejando a los clientes poner un precio menor del real;

- la prescripción de acciones extracontractuales debido a su inactividad o la caducidad en los plazos de interposición de un recurso;

- no haber hecho efectivo el importe de las liquidaciones de Hacienda tal y como le había encomendado el cliente, sin recurrir tampoco contra ellas;

- no hacer efectivas las costas para cuyo pago tardío había recibido la provisión de fondos, provocando la continuación del procedimiento de apremio;

La doctrina ha llegado a extender estas conductas incluso a casos como la no proposición de medios de prueba que claramente hubieran conducido a la estimación de la demanda, la omisión de la constitución en juicio y la no interposición de un recurso que hubiera prosperado.

No obstante, como afirma Fernando Vázquez Portomeñe (1), esta desmesurada extensión en la aplicación del precepto a conductas verdaderamente extraprocesales, debe cesar y realizarse un verdadero acotamiento de este delito (por razones del principio de determinación y seguridad) debiendo aplicarse a las actividades profesionales anteriores al inicio formal de la causa y a todas las posteriores que aparezcan como imprescindibles o convenientes para garantizar la efectividad de la resolución obtenida.

Reinterpretado en correlación con el bien jurídico protegido, el perjuicio consistirá, en síntesis (continúa el autor), en una desaparición o disminución apreciable de las posibilidades que el cliente tenía, en el momento de realización de la conducta típica, de disfrutar con plenitud del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, o de hacerlo con arreglo a las formas constitucionalmente garantizadas. Para el resarcimiento de otra clase de daños deberá acudir el perjudicado a la vía civil.

En conclusión, los abogados debemos redoblar nuestros esfuerzos a la hora de dar cumplimiento a nuestras obligaciones deontológicas y contractuales, ya que las consecuencias de una actitud imprudente que cause un grave perjuicio a nuestro cliente puede tener unas consecuencias desastrosas en la vida profesional del abogado.

Un saludo.

1.- NOTAS SOBRE LA DESLEALTAD PROFESIONAL DE LOS ABOGADOS EN EL CODIGO PENAL DE 1995. FERNANDO VÁZQUEZ PORTOMEÑE SEIJAS. Link: http://www.rexurga.es/pdf/COL089.pdf

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