La actividad de intermediación inmobiliaria adquirió en los años previos a la crisis del sector inmobiliario un extraordinario auge. Dicho desarrollo, propiciado por el ritmo frenético de crecimiento del sector inmobiliario y constructor, auspició el florecimiento de la actividad de mediación a través de la apertura en todo el territorio nacional de numerosas oficinas de mediación inmobiliaria. Fruto de la multitud de operaciones y transacciones inmobiliarias realizadas en dicho periodo de crecimiento del sector (muy especialmente compraventas de primera vivienda) se produjo una importante conflictividad jurídica en materia de los contratos de corretaje, siendo la cuestión que acaparó mayor controversia la determinación del momento en el que el cliente se encuentra obligado a pagar por los servicios del mediador. En las líneas que siguen, ofreceremos una visión general de los puntos esenciales de dichas controversias.

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