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Transformemos la abogacía, pero, por favor, cuidemos de su esencia.

11.07.2016 Categoría: Blog, Mi profesión Comentarios

Innovación, disrupción, transformación son solo algunos de los términos que vienen empleándose en nuestro sector para ilustrar el proceso de cambio que, impulsado por las nuevas tecnologías, redes sociales, comunicación y marketing, etc., han motivado que el enfoque de la abogacía esté sufriendo un cambio de notable trascendencia que ha generado no pocas incertidumbres en cuanto al futuro de la profesión. De hecho, actualmente, este cambio continúa produciéndose y con más fuerza que en años anteriores.

Centrada esta realidad, me gustaría destacar una reflexión que en este escenario no puede pasar desapercibida por los abogados. Me refiero, como reza el título del post,  a la necesidad de cuidar la esencia de nuestra profesión durante este proceso de transformación.

Esencia, conforme a nuestro Diccionario de la Real Academia de la Lengua se define como “aquello que constituye la naturaleza de las cosas, lo permanente e invariable de ellas”, esencia que para el abogado debemos asociarla a los principios fundamentales de la abogacía, y que por mejor identificarlos podemos remitirnos a la Carta de los Principios adoptada en la sesión plenaria en Bruselas del 24 de noviembre de 2006, declaración cuyo objetivo es, entre otras cosas, ayudar a las abogacías que luchan por lograr su independencia, así como mejorar la comprensión entre los abogados, de la importancia del papel de la Abogacía en la sociedad.

Señala la Carta que existen principios esenciales que, incluso si se encuentran recogidos de manera levemente diferente en los diversos sistemas jurídicos, resultan comunes a todos los abogados europeos. Estos principios esenciales, que son la base de diversos códigos nacionales e internacionales que rigen la deontología del abogado, resultan esenciales a la buena administración de justicia, al acceso a la justicia y al derecho a un juicio justo, tal y como exige el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Entre estos principios se encontrarían la independencia del abogado y libertad para ejercer en sus casos, el respeto y deber de confidencialidad para con sus clientes y secreto profesional, la evitación de los conflictos de intereses tanto entre diferentes clientes como entre abogado y cliente, la dignidad y honor de la Abogacía e integridad del abogado, la lealtad al cliente, el tratamiento justo de clientes en relación con los honorarios, la competencia profesional o el respeto a los compañeros de profesión.

Expuesto lo anterior, ¿está en peligro la esencia de la profesión como consecuencia del proceso de cambio que estamos viviendo?

El riesgo existe, no me cabe la menor duda. Si observamos detenidamente la transformación que estamos viviendo, ésta tiene como vértices la existencia de una competencia irreconocible hace años, un cliente cuyas necesidades ha cambiado completamente y unos despachos que, a través del uso de la tecnología, pretenden evolucionar y mejorar sus organizaciones a fin de ofrecer un mejor servicio que los diferencie de aquella competencia atrayendo así a los clientes. En este contexto, no es extraño que puedan tambalearse algunos de los valores y virtudes de la profesión representados por los principios rectores citados, pues a nadie se escapa que la orientación del abogado, de limitarse al ejercicio de su profesión sin más, ha pasado a cohonestarse con otra actividad centrada en la libertad e iniciativa individual del abogado-empresa que persigue el lucro y la supervivencia personal en un mundo competitivo y exigente. De hecho, nunca antes se había hablado tanto de la necesidad de adaptarse para sobrevivir en nuestro sector.

Sin embargo, a pesar de la meritada transformación, el abogado no debe olvidar que nuestra profesión es, ante todo, humana, lo que significa que, en última instancia, el ejercicio profesional se circunscribe finalmente a la intimidad de la relación personal abogado-cliente, abogado-juez o abogado-abogado adverso, situaciones éstas que resultan inalterables a los cambios, pues de lo contrario, difícilmente existiría nuestra profesión. Dicho de otra forma: podremos mejorar nuestra productividad, rentabilidad, eficacia y eficiencia; podremos diferenciarnos de la feroz competencia, pero, en definitiva, siempre actuaremos rodeados de personas (emociones) realizando nuestra actividad de consejo, negociación y defensa judicial, y es precisamente para garantizar que tales interacciones humanas puedan ser abordadas profesionalmente para lo que desde hace siglos existen los principios esenciales ya citados.

MARTINEZ VAL anticipó que la abogacía es un espíritu, una forma de ser, sentir y actuar, que se puede encarnar en muchas y variadas formas, capaz de trabajar con materiales jurídicos cambiantes, bajo forma de nuevas instituciones, con utilización de nuevas tecnologías (os suena), pero lo que nunca podrá desaparecer o eclipsarse es esa esencia del abogado, en el que la alta cotización intelectual y moral es su verdadero activo.

Y más recientemente, el Gurú de los negocios Peter DrucKer, ya señaló que las normas culturales, estrategias, tácticas, procesos, estructuras y métodos cambian continuamente para dar respuesta a los cambios del entorno, lo que motiva que las organizaciones (entre ellas nuestra profesión) se vean abocadas a estimular el progreso a través del cambio, la mejora y la innovación (igualmente a través de la renovación)

Y esta es la gran paradoja: adaptación y transformación de la profesión, pero con el necesario anclaje de una serie de principios y valores que han inspirado la idea de la abogacía desde sus inicios.  Ya lo decía Drucker “los que mejor se adapten a un mundo tan cambiante son las que mejor saben lo que no deben cambiar”

Por ello, mi reflexión final es que los abogados nos encarguemos de hacer guardar, con más fuerza que nunca, la vigencia de estos principios y que, todos a una, seamos los responsables de una evolución ejemplar, sin precedentes, de nuestra profesión.

 

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El reparto de los honorarios entre abogados.

1.12.2014 Categoría: Blog Sin comentarios
Óscar León: Presentación de Mi Blog

La partición de los honorarios profesionales es una importante materia vinculada a los aspectos económicos de nuestra profesión que ha generado un importante debate, dada la involucración de las normas deontológicas en estas conductas, que pueden abarcar desde el reparto de los honorarios entre compañeros que han trabajado en el asunto hasta el pago de comisiones por captación de clientela.

El artículo 15 del Código deontológico (CDAE) establece que los honorarios han de ser percibidos por el Abogado que lleve la dirección efectiva del asunto, siendo contraria a la dignidad de la profesión la partición y distribución de honorarios entre Abogados excepto cuando:

a) Responda a una colaboración jurídica.

b) Exista entre ellos ejercicio colectivo de la profesión en cualquiera de las formas asociativas autorizadas.

c) Se trate de compensaciones al compañero que se haya separado del despacho colectivo.

d) Constituyan cantidades abonadas a los herederos de un compañero fallecido.

Conforme a las excepciones establecidas en dicha disposición, y en relación con el abogado individual titular del despacho hemos de traer a colación el artículo 27.2 del Estatuto de la Abogacía Española (EDAE) que establece que los honorarios a cargo del cliente se devengarán a favor del titular del despacho, aun en el caso de que las actuaciones fueren realizadas por otros letrados por delegación o sustitución del mismo; y a su vez, dicho titular del despacho responderá personalmente de los honorarios debidos a los letrados a los que encargue o delegue actuaciones aun en el caso de que el cliente dejase de abonárselos, salvo pacto escrito en contrario.

Igualmente, conforme dispone el artículo 15 del CDAE, le estará prohibido al abogado compartir sus honorarios con persona ajena a la profesión, salvo los supuestos de convenios de colaboración con otros profesionales, suscritos con sujeción al Estatuto.

En tal sentido, el artículo 29 del EGAE establece que los abogados podrán asociarse en régimen de colaboración multiprofesional con otros profesionales liberales no incompatibles, sin limitación de número y sin que ello afecte a su plena capacidad para el ejercicio de la profesión ante cualquier jurisdicción y Tribunal, utilizando cualquier forma lícita en derecho, incluidas las sociedades mercantiles, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que la agrupación tenga por objeto la prestación de servicios conjuntos determinados, incluyendo servicios jurídicos específicos que se complementen con los de las otras profesiones.

b) Que la actividad a desempeñar no afecte al correcto ejercicio de la abogacía por los miembros abogados.

c) Que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo anterior en lo que afecte al ejercicio de la abogacía, salvo lo expresado bajo el apartado 2 del mismo (La agrupación habrá de tener como objeto exclusivo el ejercicio profesional de la abogacía y estar integrada exclusivamente por abogados en ejercicio, sin limitación de número. No podrá compartir locales o servicios con profesionales incompatibles, si ello afectare a la salvaguarda del secreto profesional. Tanto el capital como los derechos políticos y económicos habrán de estar atribuidos únicamente a los abogados que integren el despacho colectivo), que no resultará aplicable, o en el apartado 4 (Los abogados agrupados en un despacho colectivo no podrán tener despacho independiente del colectivo y en las intervenciones profesionales que realicen y en las minutas que emitan deberán dejar constancia de su condición de miembros del referido colectivo. No obstante, las actuaciones correspondientes a la asistencia jurídica gratuita tendrán carácter personal, aunque podrá solicitarse del Colegio su facturación a nombre del despacho colectivo) del que solamente será aplicable la obligación de dejar constancia de la condición de miembro del colectivo multiprofesional en las actuaciones que se realicen y minutas que se emitan en su ámbito.

Tras esta exposición normativa, qué duda cabe que hemos de reconocer que en la profesión se producen situaciones de partición de honorarios por el envió de un cliente de un abogado a otro o de pago de comisiones a terceros no profesionales por la aportación de clientes y que, con la norma en la mano, se encuentran vedadas desde una perspectiva profesional.

Expuesto lo anterior, entiendo que aquellas colaboraciones entre abogados, o partición de honorarios, en las que existe una colaboración, aunque uno de los abogados lleve el peso del trabajo jurídico, es legítima, siempre que esa colaboración conlleve el contacto de los abogados en interés del cliente y que el letrado que cede la dirección del asunto no abdique del caso, sino que mantenga un cierto nivel, aunque mínimo, de preocupación por el curso del asunto y colabore en lo necesario con el otro letrado. En otros casos, la legitimidad de la colaboración podrá verse respaldada por la existencia de una asociación de hecho o de derecho de abogados, en las que la partición de honorarios deriva del propio sentido y finalidad de la asociación, en el que la colaboración jurídica está garantizada a través del propio pacto organizacional por el abogado que asume el caso, lo cual es muy frecuente en estos años en los que las uniones de abogados para superar la crisis se ha incentivado. Ello nos lleva a que, si dos abogados disponen de un pacto de colaboración debidamente estructurado y dirigido a dar un mejor servicio al cliente por razones de especialidad, no veo perniciosa tal colaboración.

Sin embargo, estos temas no suelen ser de color blanco o negro, sino que se caracterizan por disponer de tonos grises que hacen muy compleja la calificación de estas conductas, si bien es importante conocer lo que dice nuestra deontología para poder modelar nuestra conducta en estos casos, y así evitar situaciones que, de generalizarse indiscriminadamente, convertirían nuestra profesión en algo similar a un zoco del derecho.

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La retención de los documentos para asegurar el cobro de los honorarios del abogado

27.10.2014 Categoría: Blog Comentarios
Óscar León: Presentación de Mi Blog

La retención de documentos constituye una incidencia en relación con los honorarios profesionales con repercusiones deontológicas. Sustancialmente, la retención de documentos es la conducta que sigue el abogado ante el cliente cuando éste le adeuda todos o parte de sus honorarios, y como medida de garantía del cobro de los mismos, retiene o retrasa la entrega de los documentos, condicionando dicha entrega al efectivo pago. Este proceder puede llevarse a cabo tanto cuando termina la relación profesional por cumplimiento del encargo como en supuestos de terminación anormal de la misma por decisión de cualquiera de las dos partes.

Ya podemos avanzar que esta conducta está completamente proscrita tanto por nuestro ordenamiento jurídico como por nuestras normas deontológicas.

En cuanto a nuestro ordenamiento, no existe norma que legitime un derecho de retención en ente concreto supuesto, ya que si examinamos el Código Civil, comprobaremos que el derecho de retención está limitado a determinadas instituciones (prenda, deposito, usufructo, mandato, etc…) no pudiendo extenderse dicho privilegio fuera de estos apartados en los que se aplica expresamente. Igualmente, la regulación deontológica, acorde con la legislación civil es tajante al respecto tal y como recoge el artículo 13.12 del CDAE:

La documentación recibida del cliente estará siempre a disposición del mismo, no pudiendo en ningún caso el Abogado retenerla, ni siquiera bajo pretexto de tener pendiente cobro de honorarios. No obstante podrá conservar copias de la documentación.

Por lo tanto, constituye un comportamiento inexcusable apelar a dicha retención documental en orden a obtener el pago de los honorarios debidos, máxime cuando la falta de mecanismos de aseguramiento y garantías de la percepción de los honorarios viene causada por el propio proceder del abogado que no solicitó la provisión de fondos o no renunció a la continuación del asunto cuando comprobó que el cliente no estaba dispuesto a satisfacer los honorarios. A mayor abundamiento, esta actuación puede dar lugar a responsabilidad penal, ya que dicha conducta podría llegar a ser tipificada como un delito de coacciones.

No obstante, es preciso realizar una serie de consideraciones sobre los documentos que deben ser entregados, distinguiéndose por nuestros autores entre los siguientes:

– Los documentos entregados por el cliente.
– Los que el abogado obtuvo para el mejor desarrollo y defensa del asunto.
– Los que elaboró a través de la aplicación de sus conocimientos técnicos.

En cuanto a los primeros (los recibidos del cliente) no hay duda que pesa sobre el abogado la obligación de devolución, ya que son documentos cuya titularidad ostenta el cliente. Caso de encontrarse aportados al procedimiento judicial, así se hará saber al cliente, y si éste requiere su entrega, deberá ser solicitado su desglose antes de la terminación efectiva de la relación, procediéndose a su entrega una vez se reciban del juzgado.

Respecto a los últimos (los elaborados por la ciencia del abogado), entendemos que el abogado no tendrá obligación de devolverlos, puesto que no son propiedad del cliente.

Mayores dudas presenta el supuesto de los documentos obtenidos por el abogado en nombre del cliente para la mejor defensa del caso. Según Ángela Aparisi, deberán ser entregados al cliente aquellos documentos del cliente que el abogado ha obtenido para aquel y le pertenezcan. Nielson Sánchez Steward, señala que subsiste la duda respecto a la entrega de dichos documentos, pues podría legitimarse la posesión de los mismos entendiéndose que el abogado los obtuvo representando al cliente bajo un mandato, lo que, conforme al artículo 1730 le permitiría la retención de los documentos hasta tanto no se produzca el pago. No obstante, no es una cuestión pacífica.

En todo caso, nos encontramos ante una materia muy delicada, siendo conveniente el estudio de cada caso de forma pormenorizada para alcanzar la solución más acorde con nuestro ordenamiento.

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La deslealtad del abogado: Un delito peligrosamente olvidado.

7.07.2014 Categoría: Blog Comentarios
Óscar León: Presentación de Mi Blog

No es infrecuente que en las conferencias y seminarios que imparto a otros compañeros salga a relucir el tema del incumplimiento de nuestras obligaciones deontológicas y sus consecuencias. En este contexto, llama la atención el hecho de que muchos de ellos, especialmente los más jóvenes, desconozcan o no recuerden la existencia de un precepto del Código Penal por el que se sancionan criminalmente algunas de estas conductas que, erróneamente, solo consideramos perseguibles por vía deontológica o a través de la vía judicial civil como puede ser, a modo de ejemplo, la prescripción de acciones o caducidad de recursos debido a nuestra inactividad profesional.

Sin embargo, dicho precepto existe, y hoy nos vamos a ocupar a realizar un breve recorrido por el mismo con el fin de facilitar su conocimiento y con ello contribuir si cabe al reforzamiento de las prevenciones que todo abogado debe realizar en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones deontológicas.

El Título XX del vigente Código Penal, titulado De los Delitos contra la Administración de Justicia, alberga en su Capítulo VII (De la obstrucción a la Justicia y la deslealtad profesional) el artículo 467, en cuyo párrafo segundo vamos a detenernos:

Artículo 467
2. El abogado o procurador que, por acción u omisión, perjudique de forma manifiesta los intereses que le fueren encomendados será castigado con las penas de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo, cargo público, profesión u oficio de uno a cuatro años.

Si los hechos fueran realizados por imprudencia grave, se impondrán las penas de multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para su profesión de seis meses a dos años.

Siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo, este tipo penal se vertebra en cuatro requisitos:

1º.- Que el sujeto activo sea procurador o abogado, es decir, se está ante un delito de sujeto especial o de propia mano.

2º.- Que en concepto de tal, despliegue una acción u omisión de la que se debe derivar un resultado ya que se está ante un delito de resultado.

3º.- Que exista un perjuicio de forma manifiesta, perjuicio que no tiene que ser necesariamente económico —SSTS 89/2000 y 87/2000 —derivado de esa mala praxis culpable asimismo, lo que aparta del delito aquellas gestiones que formalmente correctas no hayan sentido el efecto querido, lo que ocurre diariamente porque todo juicio es un decir y un contradecir, y en toda sentencia se rechazan unas posiciones defendidas por letrado en relación a una de las partes, ya sea demandante o demandado, querellante o querellado, etc.

4º.- Desde el plano de la culpabilidad es suficiente un dolo eventual, es decir el conocimiento y consentimiento —incluso vía principio de indiferencia —, de la lesión que se va a producir a los intereses que se defienden, siendo suficiente el dolo eventual, y, por supuesto la negligencia o culpa para la que el último párrafo del art. 467 prevé una respuesta menor si media una grave negligencia.

A la vista de dichos elementos, hemos de realizar diversas precisiones:

En primer lugar, señalar que en cuanto al sujeto activo, es decir, al abogado, se requiere que el perjuicio derive de la intervención del mismo en el marco de la relación abogado-cliente, es decir, de la relación profesional, quedando excluidas aquellas conductas no propias de dicha relación o que sean concomitantes a las mismas. A esa deducción se llega desde la consideración del bien jurídico protegido, el devenir histórico del precepto y su encuadramiento sistemático. Es indispensable no solo que el sujeto activo sea abogado, sino además que el comportamiento lo sea.

La razón de la incorporación del precepto en la ley penal es la incriminación de aquellas conductas más intolerables, desde el plano del ejercicio de las profesiones jurídicas indicadas, ya que, si así no fuera, por el carácter subsidiario y de intervención mínima del Derecho penal, los comportamientos ilícitos en el desempeño de tales profesiones integrarán bien una conculcación de las normas colegiales de actuación profesional, bien la exigencia de responsabilidad civil por su desempeño con culpa, apreciada por la jurisdicción de dicho orden, en donde se repararán los perjuicios ocasionados, en su caso.

El precedente legislativo del actual delito de deslealtad profesional referido a procurador o abogado, está constituido por el art. 360 del Código Penal de 1973 que incluía en la definición del tipo la nota de “con abuso malicioso de su oficio”. Tal nota no existe en el actual tipo, y esta omisión es relevante, porque como ha puesto de relieve la jurisprudencia del Supremo, en el texto vigente, es claro que se está ante una conducta culpable, pero el elemento de la culpabilidad queda cubierto con el simple dolo eventual, sin que se requiera un dolo directo y reduplicado que en el art. 360 Código Penal estaba presente en la exigencia de concurrencia de “abuso malicioso”.

En cuanto al perjuicio, la STS 89/2000, de 1 de enero , señala: “… la dicción legal del tipo no parece exigir necesariamente que el perjuicio haya de ser evaluable económicamente, pues basta que se trate de una desventaja, quebranto, daño o detrimento notorio de los intereses del cliente en el ámbito de la Administración de Justicia e, incluso, sería admisible a los efectos de interpretar los términos del precepto, la creación de un peligro concreto para los intereses de la parte de la que el Letrado asiste y defiende…”

Finalmente, y en cuanto a las conductas punibles, existe una intensa controversia entre doctrina y jurisprudencia, ya que al socaire de este precepto se han dado entrada en el mismo a conductas constitutivas de incumplimientos contractuales y deontológicos ajenos al ámbito meramente procesal:

– la falsificación de una sentencia para decirle al cliente que el asunto se había ganado y cobrarle la minuta;

– la utilización de la información sobre el estado registral de un cliente para acudir a la subasta y quedarse con el mismo a bajo precio, después de haber desanimado a aquél reclamándole una alta provisión de fondos para encargarse del caso;

– la formulación de una demanda de retracto en nombre del arrendatario después de haber redactado un contrato de compraventa aconsejando a los clientes poner un precio menor del real;

la prescripción de acciones extracontractuales debido a su inactividad o la caducidad en los plazos de interposición de un recurso;

– no haber hecho efectivo el importe de las liquidaciones de Hacienda tal y como le había encomendado el cliente, sin recurrir tampoco contra ellas;

– no hacer efectivas las costas para cuyo pago tardío había recibido la provisión de fondos, provocando la continuación del procedimiento de apremio;

La doctrina ha llegado a extender estas conductas incluso a casos como la no proposición de medios de prueba que claramente hubieran conducido a la estimación de la demanda, la omisión de la constitución en juicio y la no interposición de un recurso que hubiera prosperado.

No obstante, como afirma Fernando Vázquez Portomeñe (1), esta desmesurada extensión en la aplicación del precepto a conductas verdaderamente extraprocesales, debe cesar y realizarse un verdadero acotamiento de este delito (por razones del principio de determinación y seguridad) debiendo aplicarse a las actividades profesionales anteriores al inicio formal de la causa y a todas las posteriores que aparezcan como imprescindibles o convenientes para garantizar la efectividad de la resolución obtenida.

Reinterpretado en correlación con el bien jurídico protegido, el perjuicio consistirá, en síntesis (continúa el autor), en una desaparición o disminución apreciable de las posibilidades que el cliente tenía, en el momento de realización de la conducta típica, de disfrutar con plenitud del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, o de hacerlo con arreglo a las formas constitucionalmente garantizadas. Para el resarcimiento de otra clase de daños deberá acudir el perjudicado a la vía civil.

En conclusión, los abogados debemos redoblar nuestros esfuerzos a la hora de dar cumplimiento a nuestras obligaciones deontológicas y contractuales, ya que las consecuencias de una actitud imprudente que cause un grave perjuicio a nuestro cliente puede tener unas consecuencias desastrosas en la vida profesional del abogado.

Un saludo.

1.- NOTAS SOBRE LA DESLEALTAD PROFESIONAL DE LOS ABOGADOS EN EL CODIGO PENAL DE 1995. FERNANDO VÁZQUEZ PORTOMEÑE SEIJAS. Link: http://www.rexurga.es/pdf/COL089.pdf

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