Con la vigencia de la Constitución de 2008 y del Código Orgánico General de Procesos, se han operado una serie de cambios en la administración de justicia de nuestro país, desde la integración y atribuciones de los órganos jurisdiccionales hasta la formulación y justificación de la pretensión jurídica en litigio.
En el sistema oral, el rol de los operadores de justicia adquiere mayor protagonismo como directores y orientadores del proceso y del procedimiento litigioso, en la emisión de resoluciones razonables, debidamente sustentadas y que incorporen los precedentes y la jurisprudencia obligatoria. Especial importancia reviste, observar las reglas y procedimientos al momento de concretar los derechos de acción y contradicción, los mecanismos o estrategias de litigación a utilizarse, la intervención de la defensa técnica y el uso de nuevas tecnologías para acreditar la prueba científica.
El nuevo sistema también pretende que la relación profesional del abogado o del despacho con el cliente precautele y garantice sus derechos y obligaciones, así como la seriedad y honestidad de la misma.
Sin embargo de lo manifestado, la plena vigencia y aplicación de la Constitución de la República, conforme lo establece el sistema de fuentes de nuestro ordenamiento jurídico, de la tutela efectiva de los derechos, de las garantías al debido proceso y del principio de seguridad jurídica, se encuentran en permanente conflicto, en otras razones por las siguientes:
El cambio del sistema eminente escrito al oral, trae indudablemente ventajas e inconvenientes, con criterios de quienes están a favor o en contra, tanto desde el lado de la academia, de los servidores judiciales, de los gremios profesionales y de los abogados en libre ejercicio.
Sin duda, nuevos estudios, cambios normativos, reflexiones y la práctica imponen la necesidad de una rigurosa y permanente formación en la materia.
Por todas las razones que dejamos enunciadas, hemos considerado importante generar un espacio para el diálogo, el análisis y la reflexión; y que además, sea un medio para transmitir conocimientos, intercambiar experiencias, mejorar las habilidades, destrezas y habilidades de los participantes y formular propuestas de mejora al proceso y procedimiento litigioso.
Para el efecto, buscamos generar la participación activa de operadores de justicia, miembros de la academia y abogados del sector público y privado, con la sana pretensión de acercar a los diversos actores, generar espacios para la deliberación y el encuentro, y obtener una mirada integradora que convine la teoría con la práctica, trasladando a los participantes reflexiones sobre el adecuado uso de las herramientas de la litigación.
Para cumplir los objetivos que nos hemos trazado, el evento académico tiene las características de un seminario; se estructura en tres ejes: el primero, se centra en el razonamiento judicial; el segundo, apunta a deliberar sobre los principios que gobiernan los procesos litigiosos, el rol de los jueces, la intervención de los abogados, los mecanismos y estrategias de la litigación y la actividad probatoria; y el tercer punto, busca generar un espacio que estimule el diálogo franco y la reflexión propositiva.
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