La actividad inmobiliaria constituye uno de los tradicionales refugios del dinero negro, en muchos casos, precedente de actividades delictivas. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por los sucesivos gobiernos creando un marco legal cada vez más exigente, nos encontramos ante un sector siempre abierto para la continua adopción de medidas contra el fraude.
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