Consecuencia del contexto de crisis generalizada en la que nos encontramos, hoy más que nunca, surgen numerosas controversias entre los compradores de viviendas y las entidades promotoras en cuanto al grado de cumplimiento por las partes en las denominadas compraventas sobre plano. Ciertamente, fruto de la situación económica, la posibilidad de que se produzcan retrasos en los plazos de entrega de las unidades inmobiliarias es mayor que nunca: Concursos de las constructoras, incumplimientos de pago a subcontratas y proveedores, falta de suministro de materiales, huelgas, etc. constituye un terreno abonado para que dichos plazos no se cumplan. Si a ello añadimos que los compradores, igualmente afectados por la crisis, han cambiado su voluntad contractual, la controversia está servida, ya que cualquier retraso, por mínimo que sea, va a coadyuvar a un litigio en el que serán los Juzgados y Tribunales los que tendrán que resolver en derecho.

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