Los abogados somos conscientes de que vivimos una profesión sometida a altos niveles de estrés: la dificultad de los asuntos que se nos encomiendan, la carga de trabajo que acumulamos, la limitación temporal de nuestra actuación (señalamientos y vencimientos), la relación a veces difícil y compleja con los clientes (actitud exigente, impago de los honorarios, etc.), el sufrimiento que percibimos en éstos y que vivimos como propio (trauma vicario), horarios y jornadas excesivas, falta de conciliación de la vida familiar y laboral, ambiente hostil y jerarquizado que experimentamos cuando actuamos en el foro, tensión con los propios compañeros y un largo etcétera. Todo lo anterior contribuye a crear un marco muy preocupante en el quehacer diario de muchos abogados.

Y cuando digo preocupante no me refiero a otra cosa que al efecto que dicho contexto produce en nuestra salud mental, ese estado de bienestar con el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad y que, en nuestra profesión, se ve directamente afectado por el severo escenario que hemos señalado.

Tan es así que no es extraño que los abogados padezcan numerosas patologías que varían en intensidad y que provocan situaciones vitales caracterizadas por el cansancio, el agotamiento, la ansiedad, la aceleración constante, la falta de atención (manifestada en pequeños despistes), problemas para conciliar el sueño, trastornos de la alimentación, dolores musculares, comportamientos nerviosos, enfermedades cardíacas o cardiopatías, dependencia de fármacos (ansiolíticos) o de sustancias nocivas como el alcohol, así como la probabilidad de terminar desarrollando un trastorno del estado del ánimo desafortunadamente frecuente como es la depresión.

No obstante, tan preocupante como la existencia de estos riesgos psíquicos (con una clara repercusión física) es la resistencia de aquellos abogados cuya salud mental se encuentra afectada a recurrir a la ayuda de un profesional.  Existen multitud de factores que influyen a la hora de no acudir a un psicólogo, incluyendo miedos, prejuicios, dificultades económicas o falta de tiempo pero, sobre todo lo anterior, destaca el temor al estigma de ser señalado como una persona incompetente, incapacitada para defender adecuadamente los intereses de sus clientes y, por tanto, de ejercitar lo que constituye su medio de vida (cuando precisamente esa ayuda es la que nos permitirá estar plenamente capacitados para ello).

Igual de alarmante es observar que, en los propios despachos, acuciados por nuestros seculares problemas de organización y gestión del tiempo (sin olvidar la falta de concienciación del riesgo), no se adoptan medidas que podrían prevenir estas situaciones: horarios más flexibles, teletrabajo, redimensionamiento de la carga de trabajo, conciliación de la vida laboral y familiar, reducción de tareas administrativas, fomento de hábitos saludables en el trabajo, etc.

Por lo tanto, hoy por hoy nos encontramos ante un colectivo que sufre o va a sufrir situaciones que afectan a su salud mental y que sin duda influirán en su forma de realizar eficazmente su actividad, pero que se encuentra retraído o renuente a la hora de buscar soluciones efectivas a sus padecimientos.

Paradójicamente, a pesar de esta realidad (patente desde hace décadas), en nuestro país no existe una amplia concienciación social y profesional sobre la misma. No obstante, se han realizado esfuerzos notables por acometerla: disponemos del trabajo titánico realizado por Manuel Atserias, Tomás Gabriel y su equipo a través del Instituto de Salud Mental de la Abogacía (ISMA-MHILP) desempeñando labores de divulgación científica sobre la salud mental y bienestar psicológico en el sector legal. Da fe de todo lo anterior el magnífico “Estudio sobre la salud y el bienestar de la abogacía española”, elaborado por dicho Instituto y la editorial Lefebvre; igualmente consta un estudio en curso a cargo del Consejo General de la Abogacía Española, desde donde se está trabajando para que se lleve a cabo una modificación de las leyes procesales en el sentido de suspender, además de las vistas, los procedimientos en caso de enfermedad de los letrados o que se declaren inhábiles, además de los días del mes de agosto, los comprendidos entre la última semana de diciembre y la primera de enero; finalmente, se empieza a observar el interés de algunos profesionales de la psicología sobre la salud mental y la abogacía.

No obstante, queda mucho camino por andar pues esto no ha hecho más que comenzar, lo que nos lleva a la necesidad de que desde las instituciones públicas y privadas vinculadas al sector (y muy especialmente los Colegios), se investigue, se divulgue y se ayude a los abogados a concienciarse de esta realidad y de la necesidad de ocuparse de la misma. Igualmente, los propios abogados tenemos que empezar a tomar conciencia sobre esta realidad y respecto a la medida  en que realmente nos afecta.

En definitiva nuestra sociedad, a la que nos debemos constitucionalmente los abogados, necesita de una abogacía mentalmente sana, y eso únicamente se puede lograr a través de la prevención y adopción de medidas eficaces que deberá canalizarse por medio de un debate constante sobre tan delicada materia en la que tenemos que estar todos implicados.

Finalmente, hoy día mundial de la salud mental, os invito a escuchar la entrevista realizada al psicólogo Miguel Fernández Galán (@migfergal) en el programa Susurros Jurídicos (@susurrosjuridi1) y en el que se abordan interesantes cuestiones sobre la salud mental de la abogacía. https://www.ivoox.com/51-estamos-fatal-l-hablamos-salud-mental-y-audios-mp3_rf_93676689_1.html